LAS RESISTENCIAS A LA LOCOMOTORA EXTRACTIVISTA SE UNEN EN DEFENSA DEL AGUA Y LOS TERRITORIOS

 

Diversas voces de resistencia a la extracción minero-energética en Colombia se unen en el II Encuentro de Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero-Energético para sumar fuerzas y apostar por un modelo que privilegie el agua y posibilite el Buen Vivir.

Silvia Arjona Martín/ 29.09.2015

¿Se imagina que a la hora del almuerzo, justo cuando se dispone a dar la primera cucharada al sancocho, alguien entra en su casa con aires de poder y estatus y se come su sopa sin pedirle permiso? Pues no imagine, porque esto está ocurriendo hoy en Colombia con el sector minero-energético.

A modo de metáfora: el sancocho es el territorio -formado por el agua de los ríos, los páramos, las montañas, las comunidades…- y ese alguien que entra sin avisar en su hogar es una multinacional extractivita que decide apoderarse de la tierra sin importarle demasiado sus consecuencias, generando conflictos, contaminación, desplazamientos forzados… Y teniendo al Estado de cómplice para seguir actuando a sus anchas.

Por este motivo, en Colombia existen gran cantidad de movimientos que se resisten a que proyectos extractivistas se implanten en sus territorios, los cuales son también contrarios al modelo minero energético que les va ligados. Muchos de ellos se dieron cita del 11 al 13 de septiembre en el II Encuentro de Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero-Energético, celebrado en Choachí (Cundinamarca), en el que también se defendía la minería ancestral y a los defensores y defensoras ambientales.

En concreto, se reunieron diez sectores distintos de iniciativas populares para crear una agenda común que transforme la política minero-energética: “primero que la derrote y luego que construya un horizonte de transformación social tanto del modelo de desarrollo, como de las dinámicas actuales del sistema de extractivismo minero-energético”, argumentaba Hernán Darío Correa, de Unión Libre Ambiental y veterano activista, convencido de la necesidad de acabar con esta locomotora ruidosa y que tanto daña el medio donde se implanta. “Hay que crear alternativas de autodeterminación”, seguía Danilo Urrea, de Censat-Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia.

Precisamente Choachí, situado a los pies del páramo Cruz Verde, a unos 20 kilómetros de Bogotá, es una ciudad que hoy vive asustada por las exploraciones que la empresa Cosargo S. A. lleva haciendo desde hace meses y que se prevén convertir en futuras explotaciones del terreno. Un lugar donde está el Parque Ecológico Matarredonda, donde nacen importantes fuentes de agua que benefician a Bogotá y a varios municipios del departamento de Cundinamarca y donde nacen ríos como Teusacá, Palmar y San Cristóbal.

Es por ello que los márgenes de la carretera que atraviesa el páramo hasta Choachí anuncian en carteles grandes “Agua sí, minería no”, en un afán de protestar no sólo contra esta empresa, sino también contra el modelo minero energético vigente basado en la privatización, la depredación ambiental y el despojo a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas. Un “modelo de desarrollo” que no sólo consiste en la extracción de minerales sino que contempla una dimensión política, económica, social, ambiental, cultural y territorial.

Hernán Darío Correa cree que este encuentro ha servido para decir no a la extracción minero-energética porque “es impertinente desde el punto de vista ambiental”. Explica para Constituyente por la Paz que el medio ambiente colombiano es muy diverso pero al mismo tiempo muy frágil, por lo que aboga por la necesidad de políticas de transformación social donde lo verde tenga cabida. Y donde también exista mayor control para las empresas mineras ante la ausencia de regulación gubernamental, ante los impactos en los territorios, ante la falta de respeto de la autonomía municipal si decide excluir estos proyectos de su zona, o ante la vista gorda que suelen hacer las autoridades ambientales.

Por su parte, Mauricio Sánchez, miembro de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA) del bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar, aportó su visión sobre la minería tradicional y ancestral, la cual forma parte de la actividad económica tradicional y de subsistencia de la comunidad que, debido a la ausencia de maquinarias para la fase de explotación, no genera apenas efectos en el medio ambiente.

A pesar de la precariedad y los efectos de este trabajo, en comparación con el de las multinacionales extractivistas, para Sánchez “existe un vacío jurídico dentro del código de minas, ley 685/2001, que no diferencia la actividad minera en el país y que trata a todos los mineros como iguales, ya sea una multinacional o un barequero”. Además, las prácticas tradicionales o la minería pequeña es considerada muchas veces como una práctica ilegal debido a la adjudicación de títulos. “En el momento de dar la titulación a una multinacional extractivista, se da sin tener en cuenta que ahí ya hay pequeños mineros trabajando. Es entonces que nosotros pasamos a ser ilegales”, manifiesta Sánchez atónito ante las formas burocráticas que da vía libre a las grandes empresas mineras.

Para Danilo Urrea, quien introdujo el II Encuentro de Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero-Energético con una ponencia sobre la situación internacional, esto “en la región Latinoamérica no es mucho mejor”. América Latina comenzó siendo en los años 90 un laboratorio de extracción para países con intereses en la zona como Canadá, Australia, Japón, China, Estados Unidos o Sudáfrica que actúan, principalmente, en Chile, México, Brasil y Perú y generan unos 208 conflictos relacionados a la contaminación, la privatización, el acaparamiento de territorios y la extracción de agua.

De todos estos conflictos, los y las defensoras ambientales están en el ojo de mira. Isabel Cristina Suelta es activista del Movimiento en Defensa por los Territorios Afectados por Represas “Ríos Vivos” y asegura que “el país no entiende la dimensión de lo que somos los defensores ambientales ni el riesgo en el que estamos porque nos oponemos a los megaproyectos minero energéticos, y nos oponemos a la política de Estado, lo que hace que estamos en mayor riesgo”.

Ella es una de las afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el más grande que se construye hoy en Colombia, en el norte de Antioquia. Una represa de 2.400 megavatios cuyos opositores ya acumulan asesinatos, detenciones, amenazas, estigmatización… Isabel recuerda que “Colombia es el único país que tiene batallones minero energéticos, cuya función es cuidar y proteger la obra, lo que significa una agresión directa para las y los opositores y una institucionalidad al servicio de las multinacionales y de las transnacionales que están dañando la naturaleza”.

Luchas que sirven de ejemplo

Hélida Bárcenas, del Comité Ambiental del Tolima, no quiso pasar la ocasión en Choachí para compartir la experiencia exitosa de lo que ocurrió en Piedras (Tolima) en el año 2013, localidad donde trabaja. Allí, los habitantes, a través de una consulta popular y resistencia civil, consiguieron acabar con las actividades mineras de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, una de las empresas auríferas más grandes a nivel mundial.

“Cuando nos dimos cuenta de lo que quería hacer esta empresa en nuestro territorio comenzamos a movilizarnos con taponamiento y toma de vías durante las 24 horas del día,  los siete días de la semana y los ocho meses en los que la comunidad puso el pecho y donde hacendados, arroceros y ganaderos pusieron la plata para sostener ese momento”, explicaba Bárcenas ante la puesta de sol del hotel rural chiguano donde se celebraba este encuentro de resistencias minero energéticas. Después de eso, el 28 de julio de 2013, se realizó una consulta popular, con el apoyo del que era entonces el equipo de gobierno de Piedras, y donde quedó reflejado que el pueblo no quería que le petardeasen su territorio, con un 99% en contra de la extracción minera.

Pero no todas las luchas han sido tan positivas. La experiencia de Cajamarca, también en Tolima, cuenta ya con ocho años de resistencia a la misma multinacional Anglo Gold Ashanti implantada en la mina La Colosa, y ocho asesinatos a las espaldas a quienes defendían el medio ambiente sano y limpio. Allá, “el alcalde y los concejales están de acuerdo con la extracción minera, de ahí que la consulta popular sea más difícil y la lucha más desgastante”, relataba Bárcenas con indignación y reflejando también la importancia del apoyo de las autoridades locales.

La Colosa es una mina de oro a cielo abierto en la que se calcula que este mineral -unos 24 millones de onzas- se encuentra en más de 500 hectáreas de reserva natural. Su característica es que el mineral está “diseminado en partículas muy pequeñas, por lo que para tener una onza de oro hay que demoler toneladas de roca”, detallaba Elida. En concreto, se estima que para extraer un kilogramo de oro es preciso remover hasta 150 toneladas de tierra en esta mina tolimense, o que se necesitan 250.000 litros de agua por hora para limpiar el oro con cianuro en piscinas gigantes, sin determinar las posibles contaminaciones de este químico ni el consumo desmesurado de agua.

Pero las regalías e impuesto que ofrece Anglo Gold Ashanti al Estado parecen ser mucho más grandes e importantes que los 161 nacimientos de agua, las decenas de quebradas, el milenario bosque de niebla o las especies protegidas que habitan la zona de La Colosa. “Este sistema capitalista extractivista, que nos implantan desde fuera, nos está matando, está acabando con todo”, expresaba Bárcenas alzando la voz como si quisiera llevar su reprimenda a oídos lejanos. Y es que, la política minera está basada en las satisfacciones de la demanda internacional de oro, plata, níquel, carbón y piedras preciosas, ejercida en su mayoría por empresas multinacionales que amenazan otras formas de minería ancestrales y tradicionales.

La Guajira resiste

La Guajira es un claro ejemplo del atropello de este modelo extractivista. La mina El Cerrejón (explotada por las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Xstrata -Glencore-) lleva asolando este departamento del norte de Colombia hace ya 30 años. Es la mina a cielo abierto más grande del mundo que abarca 69.000 hectáreas de suelo y utiliza 61.800 toneladas de explosivos al año para remover 230 millones de metros cúbicos de tierra, lo que equivale a la energía de tres bombas atómicas.

Las consecuencias ambientales que estas multinacionales realizan en el departamento son descomunales, incluido los desvíos del río Ranchería ante la explicación de que su suelo contiene toneladas de carbón, lo que provoca desplazamientos forzados de la población, además de la ruptura hidrológica natural del principal afluente del departamento, con todas las consecuencias que eso genera para el territorio. Mientas, el Estado ha mirado para otro lado en todos estos años porque, si no, no se explica que el 70% de la población guajira viva en la pobreza y el 30% en la pobreza extrema.

Es por ello que, el pueblo guajiro, cansado e indignado ante tanta miseria y atropello, haya decidido realizar un Tribunal Popular contra el Cerrejón previsto para los días 3 y 4 de octubre en Riohacha. En él se espera someter a juicio, bajo estándares de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, a los responsables de los flagelos cometidos contra la ciudadanía de La Guajira y su territorio. Según explica un comunicado de las organizaciones promotoras de este tribunal popular, “aquí no se impondrán sanciones judiciales, pero sí se aportará a la verdad y se realizará un llamado ético público en defensa de los derechos del pueblo Guajiro y de la naturaleza”.

Resistir en el campo y en la ciudad

Esta lucha, que afecta a las zonas rurales de lleno, no pretende quedarse sólo ahí, sino que las resistencias urbanas también se unan a la causa y juntas articulen los procesos. “La lucha es por la transformación del modelo que amenaza la vida en los territorios, por lo que hay que buscar un nuevo paradigma de desarrollo, de sociedad y transformar el modelo energético que hoy impera en el país”.

Juan Pablo Soler, del Movimiento “Ríos Vivos” Antioquia, se considera un ciudadano del mundo, amante de la agroecología y cuya alimentación diaria se la genera un hermoso huerto que le abastece de papas, frijoles, tomates, bananos, maíz, yuca y algunos árboles frutales, a pesar de que la contaminación de los ríos y la privatización de las fuentes de agua de las que viven las comunidades rurales están haciendo que la vida del campesinado sea más difícil ahora.

Por ello, esta son las razones por las que Soler aboga por un cambio de modelo ligado a una soberanía hídrica y energética, que plantee la reducción del consumo, la descentralización de las fuentes, que no priorice la explotación energética en vías de la mercantilización de la energía, y que ésta sea un bien común con un precio justo de acceso. Plantea también que sean las comunidades quienes gestionen su abastecimiento energético en lugar de que varias empresas se lucren con este negocio, eso sí, tanto en espacios rurales como urbanos porque para Soler, convencido de la unión entre el campo y la ciudad ante los problemas minero-energéticos, asegura que “las y los afectados somos todos”.

Moratoria minera como herramienta

A los movimientos, procesos y organizaciones que apuestan porque el modelo sea distinto les pesan más los impactos ambientales, los desplazamientos forzados, los asesinatos, la criminalización, la obstrucción de los ríos o la destrucción de los páramos, entre otras consecuencias, por lo que consideran necesario evidenciar los conflictos para marcar una hoja de ruta sobre las necesidades.

A pesar de que en La Habana el tema minero-energético ha sido excluido de la agenda de diálogos de paz o que en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular no se ha logrado avanzar en el pliego de exigencias al Gobierno central, el sector no se desmotiva para seguir en su lucha. Y es que, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), para el periodo 2014-2018, sí contempla la profundización de la inversión extranjera, el desarrollo de infraestructuras y la competitividad estratégica en el tema minero-energético.

Por ello, Hernán Darío Correa consideraba esencial sumar este tema a los acuerdos, “si no es en esta etapa, en la posterior de la refrendaciones, cualquiera que sea el camino que se coja para ellas”. Aunque aseguraba que desde las bases hay una intención de avanzar a partir de la moratoria minera, un instrumento jurídico que busca expedir títulos mineros y licencias ambientales para la exploración y explotación minera hasta que se cumplan una serie de requisitos.

Contiene doce puntos que cada sector ha propuesto y hay otros comunes como el agua, los páramos, las áreas protegidas o los ecosistemas, que son elementos transversales a todas las propuestas, lo que significa un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y la calidad de vida; es decir, una proyección de modelo no extractivista.

En definitiva, las resistencias minero energéticos tienen claro que hay que seguir adelante y que vale la pena continuar luchando contra este modelo extractivista, a pesar de la difícil resistencia al sistema capitalista que marca el rugido de esta ruidosa y sucia locomotora, de la oscilación de los mercados, o de las dificultades de las políticas públicas, entre otras cuestiones que se ponen de barreras.

Es necesario caminar unidos frente a este rumbo y convertir las luchas populares, urbanas, campesinas y étnicas en una sola con miras también a contribuir al proceso de paz en Colombia.

Y, tal y como aboga Constituyentes por la Paz con Justicia Social, todas estas luchas ciudadanas evidencian la necesidad de consolidar un movimiento social y popular que sea sujeto político, que afiance la defensa del territorio y proponga una nueva visión de país sobre la base del buen vivir y la reconstrucción de la relación sociedad-naturaleza desde los territorios. Porque, tal y como explicaba Juan Pablo Soler a modo de conclusión y reflejando la vinculación pura, limpia y mística que se debe tener con la madre naturaleza, “si defiendo mi territorio para que nadie entre a invadirlo sin permiso, defiendo aquello con lo que me relaciono, vivo, convivo… Defiendo lo que soy y cómo soy”.